Perciban efectivamente una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes.

Obtengan una fuente directa de ingresos o realicen una actividad remunerada. 

Obtuvieron el beneficio mediante simulación o engaño. Estas personas serán sancionadas de acuerdo con la legislación penal vigente.

Renuncien voluntariamente a las prestaciones económicas.

No cumplan con la totalidad de los requisitos mencionados.​​

No acudan a los servicios de colocación ofrecidos por el Servicio Público de Empleo.

Incumplan, sin causa justificada, con los trámites exigidos por el Servicio Público de Empleo y con los requisitos para participar en el proceso de selección por parte de los empleadores que hayan sido remitidos por este.

Rechacen, sin causa justificada, la ocupación que le ofrezca el Servicio Público de Empleo, siempre y cuando ella le permita ganar una remuneración igual o superior al 80% de la última devengada y no se deterioren las condiciones del empleo anterior. Entiéndase por deterioro en las condiciones de empleo, solamente las circunstancias de demérito en relación con el domicilio del trabajo y la relación de la nueva labor con el perfil ocupacional del postulante, lo cual debe ser justificado por este y validado por la Caja de Compensación Familiar. 

Descarten o no culminen el proceso de formación para adecuar sus competencias básicas y labores específicas al cual se hayan inscrito, conforme la ruta de empleabilidad, excepto en casos de fuerza mayor. 

Asistan a menos del ochenta por ciento (80%) de las horas de capacitación definidas en la ruta de empleabilidad. ​